Acusación criminal de EE.UU. al gobierno venezolano: ¿violación de soberanía o cambios en el orden wesfaliano?

0
329


El jueves 26 de marzo de 2020, el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, anunció cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro y una docena de altos funcionarios civiles y militares, por los qué el gobierno norteamericano ha ofrecido una millonaria recompensa. De acuerdo con la acusación, dichos mandos participaron en una asociación delictiva que involucraría a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de conspirar para utilizar la venta de drogas como un arma contra Estados Unidos. Maduro rechaza los cargos y acusa al Presidente de EEUU, Donald Trump de actuar como los “cowboys racistas”.

Fuentes ligadas a la investigación señalan además, que no todo el dinero producto de esos ilícitos retorna a Venezuela. Una gran parte se invierte en otros países, como por ejemplo España y República Dominicana. La hipótesis, más parecida a un guion de Hollywood que a un informe judicial riguroso, nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante: ¿una acusación de esa índole viola el sagrado principio de soberanía del Estado-nación, consagrado en 1648 durante la Paz de Wesfalia? A simple vista sí. Pero luego de indagar un poco más sobre el asunto, salen a relucir informaciones que nos hacen dudar de dicha afirmación. A continuación algunas de ellas.

Hermágoras González Polanco alias El Gordito González o Armando González Apushana y su socio Salomón Camacho Mora fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de enviar varias toneladas de cocaína a su territorio desde Colombia y Venezuela, vía República Dominicana, entre los años 1999 y 2000. González tuvo vínculos con dirigentes políticos, militares y empresarios venezolanos y realizó negocios directos relacionados al narcotráfico con el vicepresidente venezolano Tareck El Aissam.

Entre 2000 y 2005 se firmó y ejecutó el Plan Colombia, entre Colombia y los Estados Unidos, que permitió que las fuerzas de seguridad del primero presionaran a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como nunca antes. Esta presión militar obligó a los guerrilleros a mover sus operaciones a los estados fronterizos de Venezuela que eran poco vigilados.

En 2005, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, expulsó de su país a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, por lo que, sin los bien entrenados recursos humanos y avanzados recursos tecnológicos proporcionados por la agencia antidroga, Venezuela comenzó a ser una ruta más atractiva para el comercio internacional de drogas. En ese entonces, un vigilante de drogas arrestado declaró que “altos cargos de la seguridad del presidente Hugo Chávez se encargaban de arreglar el traslado de cargamentos de drogas en barcos que circulaban a través de rutas por Venezuela”.

A principios de 2011 fue capturado en Colombia y extraditado a Venezuela, Walid Makled García alias El Turco o El Árabe,  por estar implicado en casos de narcotráfico y lavado de dinero. Este empresario venezolano de origen sirio, dueño de la aerolínea Aeropostal, confesó haber amasado una fortuna superior a los 1,200 millones de dólares, gracias a los negocios que hizo mediante sobornos a varios generales de las Fuerzas Armadas y funcionarios del gobierno venezolano. También en 2011, Clíver Antonio Alcalá Cordones, Mayor General retirado del Ejército de Venezuela, fue acusado por el gobierno de EEUU de estar involucrado en narcotráfico y ser miembro del Cartel de los Soles. En marzo de 2020 el militar se entregó a la DEA,  luego de que ofrecieran una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.

El 11 de septiembre de 2013 autoridades francesas incautaron 1.3 toneladas de cocaína pura en 31 maletas en el Vuelo 385 de Air France, que cubre la ruta Caracas – París. Esta resultó ser la mayor incautación de narcóticos en Francia hasta entonces. En 2015, tras una investigación preliminar del Ministerio Público de Venezuela, un tribunal venezolano admitió la acusación y ordenó el enjuiciamiento de 27 personas, incluyendo a cinco militares de diferentes grados.

El 10 de noviembre de 2015 en Puerto Príncipe, Haití, fueron arrestados por la DEA Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, por intentar transportar 800 kilogramos de cocaína a EEUU. Ambos son sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores y posiblemente asistieron financieramente la campaña de Maduro en las elecciones presidenciales de 2013 y potencialmente en las elecciones parlamentarias de 2015. Más tarde, en un allanamiento del yate y la mansión de Campo Flores en República Dominicana, se encontraron 280 libras adicionales de cocaína y 22 libras de heroína.

En agosto de 2016 el General Néstor Reverol, actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela y exjefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), fue acusado en Estados Unidos por cargos de tráfico de cocaína, junto con el ex subdirector del mismo organismo, Edilberto Molina.

El 13 de diciembre de 2017 fue capturado por la Interpol en Colombia el venezolano Yoel Antonio Palmar Vergelpor delitos de tráfico ilícito de droga y asociación para delinquir. Se le acusa de traficar 140 panelas de cocaína dentro de cuatro maletas halladas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas de la ciudad de Santo Domingo. Estaba radicado en República Dominicana, donde era responsable del Casino Presidente  y se le asocia con otros casinos y salas de juego.

En adición a todo esto, varios tribunales federales norteamericanos poseen una larga lista de funcionarios venezolanos implicados en narcotráfico, que  incluye un ex ministro de Interior y Justicia, dos altos oficiales de inteligencia y uno de rango medio, que actualmente es juzgado. Así como un ex piloto militar que servía a la Primera Dama de Venezuela.

Por otro lado, mientras millones de venezolanos libran una batalla diaria en su país por sobrevivir, muchos han encontrado un buen refugio para su dinero al otro lado del Caribe o del Atlántico: los mercados de bienes raíces en Santo Domingo, Casa de Campo, Madrid y Barcelona. Como señaló a The New Times, Luis Valls-Taberner, un asesor de inversiones en bienes raíces: “en el barrio de Salamanca, uno de los más opulentos de la capital española, decenas de edificios han sido comprados por venezolanos acaudalados”. Las propiedades fueron compradas a través de compañías de inversión en Miami o en otros lugares, pero el dinero proviene de Venezuela.

Venezuela está posicionado como el quinto mayor inversionista extranjero en República Dominicana, según el Banco Central. La inversión incluye varios renglones de la economía (seguros, finanzas, alimentos, turismo, bebidas y juegos). Sobresalen los sectores inmobiliario -principalmente compra de villas y apartamentos- y comercial, mayoritariamente en el desarrollo de grandes centros. Desde el año 2010 hasta el 2015 la inversión venezolana en República Dominicana ronda los US $5,000 millones y entre ese año y el 2018 descendió a un promedio anual de 56.5 millones de dólares. No obstante, analistas financieros coinciden en que esos capitales no necesariamente tendrían su origen en actividades ilícitas, si más bien son fugas impulsadas por la situación socio-política e incertidumbre económica que vive la patria de Bolívar.

Finalmente, de acuerdo al Derecho Internacional es ilegítimo que un tribunal de un Estado haga una acusación criminal al gobierno de otro Estado, ya que, aunque el primero no reconozca dicho gobierno, está violando, por un lado, el antiguo principio de igualdad soberana de los Estados y por el otro, el recién reconocido principio de inmunidad de jurisdicción. Vale mencionar, que el no reconocimiento es considerado por algunas doctrinas como un acto de injerencia en los asuntos internos de un Estado. Peor aún, el que se ofrezca recompensa por la captura de los líderes venezolanos, puede activar mecanismos de sedición -que podría ser el objetivo real- o intentos rocambolescos de secuestro por parte de contratistas militares (mercenarios), como acaba de suceder.

Es necesario considerar que el ofrecimiento de la recompensa podría ser una alternativa a la opción militar, ya que un enfrentamiento bélico traería un gran derramamiento de sangre. Aunque el ejército de EEUU es el más poderoso del mundo, las Fuerzas Armadas Venezolanas son todavía leales a Maduro, cuentan con más de 365 mil efectivos y tienen un presupuesto de poco más de 8,500 millones de dólares al año. Una intervención militar directa y unilateral constituiría una grave violación a la Carta de las Naciones Unidas y el resultado final oscilaría entre lo acontecido con los casos de Manuel Antonio Noriega en Panamá y el de Saddam Husein en Irak. Recordando, que ambos conflictos tuvieron orígenes muy similares, pero resultados completamente diferentes.

- Publicidad -

Deja un comentario