SANTO DOMINGO.- En la mañana de este jueves, una delegación del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, urgió al Tribunal Constitucional (TC) a que dicte la sentencia de la acción directa de inconstitucionalidad de extrema urgencia que interpuso contra el Decreto 6-17 que creó la comisión de notables sobre Punta Catalina, que fue dejada únicamente pendiente de fallo, en audiencia celebrada hace casi dos años, el 24 de abril de 2017.
La entidad basó la urgencia de este fallo en que puede cambiar el curso del proceso que sigue la Suprema Corte de Justicia a los inculpados de recibir soborno de Odebrecht, ya que el informe de esta comisión es citado por el Ministerio Público para excluir a Punta Catalina de este expediente.
Explicó que si el Tribunal Constitucional fallara a favor de la acción de inconstitucionalidad, la comisión creada por el Decreto 6-17 quedaría invalidada y por tanto también el informe que rindió exculpando la licitación y la adjudicación del proyecto de Punta Catalina de haber recibido soborno.
Dijo que el Ministerio Público en la presentación de acusación, solicitud de audiencia y requerimiento de apertura a juicio, concluye que en esta obra no hubo soborno, aunque admite que en las otras 16 obras anteriores sí, sin aclarar por qué la confesión de Odebrecht en Nueva York, en diciembre de 2016, ante autoridades judiciales de EUA, Brasil y Suiza, no hizo excepción de ninguna obra y que más del 50% de los sobornos fueron pagados entre el 2012 y el 2014, en el período en que se licitó y se adjudicó el proyecto de Punta Catalina y se comenzó su construcción.
Afirmó que en este expediente, el Ministerio Público apoyó el descargo de Punta Catalina indicando que “evaluó y valoró el informe de investigación de fecha 30 de junio de 2017”, emitido por esta comisión.
En la carta que entregó esta mañana el colectivo al Tribunal Constitucional plantea que “es muy importante para la sociedad, para el proceso seguido a los imputados de haber recibido soborno de Odebrecht y para el régimen constitucional de la República, el dictamen del Tribunal Constitucional sobre la conformidad o no con la Constitución del Decreto No. 6-17 y por tanto de la comisión que constituyó”.
La carta entregada esta mañana por ante la secretaria del Tribuna Constitucional es la tercera que el colectivo le ha dirigido al presidente y al pleno de este alto tribunal urgiéndoles a que emitan la decisión sobre la acción de inconstitucionalidad. El 4 de julio del 2017 y el 10 de octubre pasado entregaron sendas misivas en ese sentido.
Señaló que otra razón aún más importante para que se dicte con urgencia el fallo de la acción de inconstitucionalidad, es la necesidad de defender en estos momentos la supremacía de la Constitución y del régimen político que ella establece.
“Aunque a causa de la ausencia de la sentencia que reclamamos, no se pudo impedir que la comisión del Decreto, No.6-17 se conformara y realizara la labor de encubrimiento y exculpación para la cual fue formada por el Presidente de la República, se hace necesario que ese alto tribunal establezca si este decreto es o no compatible con la división e independencia de los Poderes Públicos de nuestro régimen constitucional, y si suplanta o no otros poderes públicos y sus funciones, especialmente al Poder Judicial”, expone en la carta.
Añade que “el asunto es si el Presidente de la República podía o no, a la luz de nuestra Constitución, organizar una comisión para que fiscalizara sus acciones en el proyecto de la construcción de dos plantas de carbón de Punta Catalina, provincia Peravia, al margen de lo que finalmente concluyera esta comisión. Es este aspecto el verdaderamente transcendente en este caso y que tendrá los mayores efectos y consecuencias para la supremacía de la Constitución y de su régimen”.
Calificó la demora indefinida de la emisión del fallo, de denegación de justicia que ”viola nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos, lesiona el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, perpetrada por el máximo organismo llamado a proteger el régimen democrático y a salvaguardar los derechos”.
La delegación que entregó la carta a nombre del CNLCC estuvo integrada por Euren Cuevas Medina, David Montes de Oca, Ingrid Paulino, Héctor Turbí, Carlos Sánchez, Enrique de León, Miguel Ferreras, Jacquelín Herrera, Tito Olivo Salazar, entre otros.
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