REPÚBLICA DOMINICANA.- En ocasión de conocerse en la mañana de hoy la audiencia sobre la acción de amparo contra Punta Catalina, afectados por la construcción y la contaminación de esta central termoeléctrica, autoridades municipales y legisladores de la provincia Peravia, así como representantes de organizaciones climáticas y ambientales del país, reclamaron con banderolas y pancartas que el Tribunal Superior Administrativo ordene la inmediata suspensión de las operaciones de estas plantas de carbón.
El plantón se efectuó en la plazoleta de la entrada del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, situado detrás del Congreso Nacional, sede del Tribunal Superior Administrativo.
Los manifestantes calificaron las plantas de carbón de Punta Catalina de peligro público que atenta gravemente contra los derechos a la salud y a un medio ambiente sano de más de cien mil personas que viven entre esta central y la ciudad de Baní.
La actividad se realizó en apoyo a la acción de amparo interpuesto por personas de las comunidades de la provincia Peravia, por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, en contra de Punta Catalina.
Dijeron que toda la provincia Peravia está unificada en el reclamo de que la letal contaminación de Punta Catalina sea detenida con carácter de urgencia para evitar que continué la catástrofe ambiental y sanitaria que está causando la termoeléctrica y cobre vidas humanas.
Afirmaron que los ayuntamientos de Baní y de Nizao emitieron resoluciones solicitándole al presidente Luis Abinader la conversión a gas natural de Punta Catalina, el traslado de las cenizas tóxicas de carbón fuera de la provincia Peravia y la indemnización de todos los afectados por la construcción y la contaminación de estas plantas de carbón.
También indicaron que todos los diputados de la provincia Peravia suscribieron una propuesta de resolución de la Cámara de Diputados con la misma solicitud que los ayuntamientos de la provincia.
Explicaron que la acción de amparo que comenzó a conocer esta mañana el Tribunal Superior Administrativo, suministra numerosas pruebas documentales, fotografías y videos de la existencia de las montañas de cenizas tóxicas expuestas a la intemperie, del humo de la chimenea que muestra que se están arrojando al aire que respira la población gases ácidos y micropartículas sin ninguna filtración, del vertido de agua hirviente al mar, la destrucción de los arrecifes de corales, la erosión y desaparición de las playas de Nizao y de Paya, y el testimonio de los agricultores del retraso de la floración y la reducción del tamaño de los frutos por efecto de la contaminación.
Indicaron que la acción de amparo también aporta las declaraciones públicas del administrador de Punta Catalina, Serafín Canario de La Rosa, del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla confirmando estos daños provocados por la construcción y la contaminación de esta termoeléctrica.
Advirtieron que la contaminación de Punta Catalina produce enfermedades que causarán muertes prematuras como enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón y en otros órganos, infartos cardio y cerebrovasculares, daños a la capacidad congnitiva de la infancia, esterilidad masculina, daños genéticos y abortos. Recientemente se ha comprobado que este tipo de contaminación provoca también Alzhéimer y Parkinson.
Expresaron su esperanza de que los jueces comprendan la urgencia de detener las operaciones de Punta Catalina hasta que deje de ser un grave peligro público.
“Cualquier otra consideración al margen de los derechos reconocidos por la Constitución de la República que abarca también a los banilejos y a los demás habitantes de la provincia Peravia, debe ser irrelevantes para los jueces del Tribunal Superior Administrativo que en este proceso tienen la obligación de tutelar y proteger específicamente el derecho a la salud y a un medio ambiente sano de la población perjudicada”, aseguraron.
