Respuesta a la exigencia del consorcio de Odebrecht de 700 millones de dólares adicionales para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina con dos años de retraso
Santo Domingo.- La única opción que el gobierno dispone ante Odebrecht después que ésta confesara en diciembre pasado que sobornó con 92 millones de dólares a funcionarios públicos en la República Dominicana, entre los años 2001 y 2014, es la aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.
Esta ley en sus artículos 11,14,36,65 y 66 dispone la rescisión de los contratos de las empresas que cometan actos de corrupción o estén relacionadas con los mismos, y la inhabilitación de por vida de su condición de contratistas u oferentes del Estado dominicano, “sin responsabilidad para la entidad contratante” (Artículo 66.4).
Si Odebrecht ha tenido la osadía de exigirle al gobierno de Danilo Medina 700 millones de dólares adicionales para concluir la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina con un retraso de dos años, es porque es rehén de esta trasnacional y víctima de su propia corrupción partícipe y cómplice de la de esta empresa que convirtió al país en centro internacional de lavado de activos y en un burdel para funcionarios nacionales y extranjeros.
Es imposible creer en la negativa del gobierno a acceder a la exigencia de Odebrecht y no pensar que esta negativa no pasará de ser un débil regateo para consumo publicitario de un inevitable pago que saldrá de las costillas del pueblo.
El gobierno, en vez de aplicar la Ley de Contrataciones Públicas, concertó un acuerdo homologado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, con el propósito de protegerla de la persecución penal de su crimen de corrupción, mantuvo los contratos de esta empresa, especialmente el de Punta Catalina, y ha continuado entregándole millones de dólares para esta obra, como si no hubiese pasado nada.
Danilo Medina prefirió perder alrededor de 300 millones de dólares pendientes de desembolso del préstamo del pool de bancos europeos y emitir 500 millones de bonos soberanos, antes de abandonar sus relaciones con Odebrecht, cuya práctica corrupta en el proyecto de Punta Catalina es la causa de la decisión de estas entidades bancarias.
La historia de complicidad con Odebrecht en Punta Catalina arrancó con una licitación amañada para favorecerla y con el envío al Congreso Nacional de un contrato que violaba los términos de referencia de esta licitación, al diluir la condición de llave en mano de este contrato, al incorporarle una cláusula de escalamiento de costo, la número 9.1. y al consignar la exención de todo tipo de impuestos mediante la cláusula 12.1.3.
Este maridaje entre el gobierno y Odebrecht continuó cuando esta empresa no pudo cumplir con el financiamiento comprometido contractualmente por culpa de su conducta corrupta.
Danilo Medina y su gobierno, en lugar de denunciar y romper el contrato por incumplimiento, cubrieron la ausencia del financiamiento del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil (BNDES), con recursos internos del país.
No les importó violar la Constitución de la República y la Ley de Presupuesto Nacional para destinar gran parte del ahorro de la factura petrolera para la construcción de Punta Catalina y colocar en grave peligro la estabilidad del Banco de Reservas con préstamos que no cumplieron ningún requisito de ley, con la finalidad de saldar compromisos con contratistas y suplidores locales de esta obra.
Si los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos se salvaron de este ataque depredador para agenciar recursos para ser invertidos en Punta Catalina, se debió a la oposición de los bancos europeos, especialmente de la asamblea de accionistas del banco francés Société Genérale, que amenazaron con retirar su financiamiento en caso de que el gobierno colocara 600 millones de dólares de estos fondos en este proyecto. En Europa está prohibido que fondos de pensiones sean utilizados en la construcción de plantas de carbón y en otras inversiones relacionadas con este fósil.
La exigencia de Odebrecht de más dinero, además de exponer al público de manera dramática la vulnerabilidad del gobierno ante esta empresa, ha confirmado las denuncias de que el costo final de este proyecto excedería con creces el precio del contrato y ha desmentido que la construcción de Punta Catalina esté a un nivel de un 70% de su cronograma.
Estas dos revelaciones adicionales, el sobrecosto sobre el precio del contrato y el atraso del calendario de la obra, dejan sin argumentos a los que se oponen a la realización de una auditoría independiente de este proyecto y a una nueva licitación sobre la base de gas natural.
La sobrevaluación de Punta Catalina no se limita a estos nuevos 700 millones de dólares adicionales reclamados ahora por Odebrecht. Es necesaria una auditoría que cuantifique con exactitud la sobrevaluación existente a la fecha de la construcción de Punta Catalina, para exigir su devolución y procesar a los culpables y beneficiarios de esta sobrevaluación.
Si el gobierno aplica la Ley de Contrataciones Públicas no tendría que acceder a la demanda de Odebrecht de pago de 700 millones de dólares más y podría abrir una nueva licitación en base a gas natural que concluya a Punta Catalina antes del 2020 y con un costo inferior al total estipulado por Odebrecht para estas plantas de carbón.
La gran ganancia de la conversión a gas natural de Punta Catalina es evitar la gravísima contaminación del carbón y una considerable cantidad de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, reitera una vez más la aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas a Odebrecht, por lo que esta empresa debe ser expulsada de inmediato del país.
Igualmente la realización de una auditoría independiente de la sobrevaluación de Punta Catalina y la convocatoria de una nueva licitación en base a gas natural que concluya la construcción de este proyecto.
Es una demanda que formulamos a sabiendas de que la complicidad de las autoridades con la corrupción de Odebrecht impide que sea satisfecha, pero no por imposible, sino por la permanencia en el poder de un gobierno tan culpable como esta empresa de la corrupción cometida en Punta Catalina.
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