Considera que al autorizar los estudios, se garantiza el agua de San Juan de la Maguana, se cumplirá con la ley, se confirmará que el país es destino atractivo para la inversión, el respeto de la seguridad jurídica y abrirá esta provincia a nuevas oportunidades de exportaciones, inversiones y comercio._
*Santo Domingo, R.D.-* El presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana, Fernando González Nicolás, aclaró que las leyes de minería y de medioambiente, no permiten la explotación minera en San Juan de la Maguana sin antes realizar estudios científicos que demuestren que esta actividad no tendrá un impacto negativo sobre el agua.
Añadió que la ley es muy clara y que la decisión de permitir o no una explotación minera en San Juan depende del resultado de estudios ambientales y sociales que están pendientes de hacerse.
“En la actualidad el Estado dominicano no está en la obligación de autorizar una explotación minera en San Juan de la Maguana, sin embargo, si la ley le exige aprobar los permisos para que se hagan los estudios”, destacó González Nicolás.
Manifestó que son los estudios los deben determinar como un desarrollo de la minería afectaría el agua de San Juan.
González Nicolas enfatizó que “las partes involucradas en el desarrollo minero en San Juan, entienden y aceptan, que, si los estudios confirman que la minería afectará el agua de San Juan, entonces no habrá minería allí”.
Señaló como imprescindible que los estudios se lleven a cabo lo más seria y profesionalmente posible y que es responsabilidad del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales el delinear los términos de referencia de los estudios.
Indicó que también estos estudios deberían ser supervisados por la sociedad dominicana, en especial por la comunidad de San Juan, y en este sentido recomendó incluir como veedores a la Academia de Ciencias de la República Dominicana, al senador Félix Bautista, al diputado Melido Mercedes, ambos congresistas de San Juan, entre otros representantes.
Estos deberían velar que los estudios, que exige la ley protejan los mejores intereses de la comunidad de San Juan y de todo el país.
El presidente de la Mesa de la Mancomunidad agregó que, al autorizarse los estudios, se garantizaría el agua en San Juan, el Estado dominicano cumpliría con la ley, se reconfirmaría la imagen del país como destino atractivo a la inversión extranjera, que se respeta la seguridad jurídica y se permitiría abrir las puertas a San Juan a nuevas oportunidades, como son las exportaciones y el comercio en el sector agrícola, industrial, tecnológico, entre otros.
“Los inversionistas de los países de la Mancomunidad, pueden jugar un papel importante en el desarrollo económico y social de San Juan como lo han hecho en el pasado reciente en otras regiones de la República Dominicana, como por ejemplo en la línea noroeste con la industria bananera”, concluyó González Nicolás.
