Las Alcaldías dominicanas y su eterno dilema

0
83

La Constitución dominicana al organizar el régimen de los municipios establece la administración local, a la cual le otorga personalidad jurídica, responsabilidad por sus actuaciones, patrimonio propio, autonomía presupuestaria, potestad normativa, administrativa y de uso de suelo. Dichas condiciones quedan fijadas de manera expresa por la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, además de las leyes sectoriales, especialmente la No. 64-00 sobre Medioambiente y Recursos Naturales. Dicha administración queda bajo la autoridad de los Gobiernos Locales, los cuales deben ejercer veinticinco competencias, entre propias y compartidas, y además contribuir con el Gobierno Central para el logro de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados por la comunidad internacional.

La situación se torna aún más compleja si tomamos en cuenta que en República Dominicana la generación de residuos sólidos es de aprox. 10,000 toneladas por día y a su vez estos producen lixiviados por el orden de los 56,000 litros diarios. Esos residuos, tanto urbanos, como industriales y agrarios, llegan mezclados a los 348 vertederos (basureros) distribuidos en espacios naturales de toda la geografía nacional, de los cuales apenas 3 están clasificados como controlados. Esa distribución arroja una densidad de un vertedero por cada 133 km², lo que resulta extremadamente alto para los estándares internacionales. Según el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales el 89% se encuentra ubicado a menos de 1,000 metros de cuerpos de agua y el 66% en suelos agrícolas y ganaderos, en violación de la ley.

Esa “basura” produce una gran contaminación de suelos, aguas (superficiales y subterráneas) y aire. Siendo el aire el elemento más afectado en su interacción con los seres humanos, por varias razones: 1) se libera Metano (CH₄), combustible de gran potencial energético (principal causa de los incendios), por la descomposición aeróbica de la materia orgánica, Dióxido de Carbono (CO₂) y agua; 2) se libera material particulado disuelto, que provoca enfermedades respiratorias; 3) el CO₂ es uno de los Gases de Efecto Invernadero causantes del Calentamiento Global; 4) estos gases mesclados con moléculas de vapor de agua provocan lluvia ácida que esteriliza el suelo y envenena el agua; 5) durante los incendios se liberan a la atmósfera al arder productos clorados, algunos tan tóxicos como las dioxinas, declaradas cancerígenas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dicho sea de paso, la OMS estima que la contaminación del aire es responsable del 1.4% de las muertes a nivel mundial y de 0.8% de los años de vida ajustados según la discapacidad.

Todas esas responsabilidades, amén de las demás obligaciones del día a día, son imposibles de cumplir cabalmente sin programas de Desarrollo Sostenible, sin reingeniería o tecnología social. Un programa de desarrollo local sostenible, para ser efectivo, debe ser parte de un proceso de cambio social, de promoción y elevación de las oportunidades de la sociedad (Buarque 2002). Sin embargo, a pesar de que existen en el mundo muchos ejemplos de estos programas, así como variadas metodologías de implementación, la mayoría, si no todos los ayuntamientos del país, se pasan los cuatros años de gestión en un eterno dilema: recoger basura (como función principal y a veces única) o fungir como agencia de empleo político-partidaria-familiar. Siendo ambas situaciones asfixiantes desde el punto de vista presupuestario y no siempre cumpliendo con los mandatos legales y constitucionales.

Lo descrito anteriormente urge a superar el dilema y cambiar de rumbo. Personalmente, he tenido la experiencia de trabajar con una empresa multinacional en la implementación de uno de estos programas, por lo que quiero compartir algunas reflexiones. Hace menos de 15 años la región del Paraná III en Brasil, ubicada al norte de la triple frontera entre ese país, Argentina y Paraguay, compuesta por 29 municipios y de un área aproximada de 18,000 km² (comparable con el Cibao) se caracterizaba por altos niveles de pobreza, exclusión social, violencia, narcotráfico, contrabando, prostitución infantil y otros males sociales, hasta que una empresa pública acató el llamado de atención del presidente de entonces, Luis Ignacio Lula Da Silva, para que intervinieran poniendo parte de su éxito corporativo al servicio de la comunidad, lo que produjo resultados extraordinarios.

Durante un año participé como técnico internacional en el proceso de “exportación” desde Brasil e implementación en República Dominicana del Programa “Cultivando Agua Buena” (CAB), un programa de desarrollo sostenible creado por la empresa hidroeléctrica Itaipu Binacional (IB), hasta ese momento la mayor productora de energía hidroeléctrica del mundo y propiedad compartida de Brasil y Paraguay, la cual cambió su visión estratégica para ampliar su capítulo de responsabilidad social y ambiental, y así contribuir con el desarrollo de los territorios circundantes del lago de la presa. El programa, basado en un abordaje sistémico, logra cambiar la forma de ser, sentir, producir y consumir de las personas, y ha sido premiado por la Organización de las Naciones Unidas como el mejor programa de desarrollo sostenible y gestión hídrica del mundo.

CAB cuenta con 20 proyectos y 65 acciones orientados a mejorar la calidad de vida de los munícipes, utilizando el agua, la energía y el alimento como herramientas de inclusión social. Todas las iniciativas cuentan con un amplio respaldo de los diversos sectores de las comunidades involucradas, principalmente las empresas, alcaldías, representantes de la sociedad civil, instituciones del gobierno central, ONGs (incluyendo iglesias) y universidades, que se constituyen en Comité Gestor Municipal, logrando una gran sinergia y muy poca o ninguna resistencia interna, como suele ocurrir con muchos proyectos e iniciativas de otras latitudes, que no prosperan porque no cuentan con el adecuado conocimiento público o consenso con las poblaciones impactadas.

A pesar de que el programa tiene varios pilotos en el territorio nacional dominicano, valdría la pena de que Alcaldes, Directores Municipales, Regidores y Vocales de todo el país, estudien estos proyectos y acciones uno por uno, que de seguro encontrarán varios que se pueden adaptar a sus jurisdicciones. No obstante, el programa tiene el valor agregado de generar energía para nuevas ideas a partir del proceso de implementación (formación de comités, talleres y pactos) y “parir”, por así decirlo, soluciones a los problemas de cualquier comunidad, no importa su realidad socio-ambiental o ubicación geográfica. Aun así, para finalizar, comentaré tres, que me parecen los que, por su pertinencia y necesidad, más urgentemente deberían ser adoptados por nuestras autoridades locales.

Primero, el Proyecto de Educación Ambiental, cuyo objetivo es desarrollar acciones de sensibilización, formación, apoyo y articulación de la comunidad, por cuenta de educadores ambientales previamente formados por IB y además consta de los capítulos: Educación Ambiental Corporativa, Estructuras Educadoras y Edu-comunicación. Segundo, el Proyecto de Sostenibilidad de las Poblaciones Vulnerables, que promueve la responsabilidad socio-ambiental a partir de la integración de acciones orientadas a combatir la vulnerabilidad social, siendo sus poblaciones objetivo las comunidades indígenas (en RD podría sustituirse por madres solteras menores de edad y/o desempleadas), los jóvenes “ni-ni”, y los “buzos” de los vertederos. Tercero, la Plataforma de Energías Renovables, que generando energía a partir de biomasa residual de los procesos industriales, biogás a partir del Metano de los desechos orgánicos y biodiesel a partir de los aceites comestibles quemados, reduce el impacto de residuos y desechos, a la vez que logra la recuperación de los pasivos ambientales en cada región.

De la combinación de esos tres proyectos ha salido, además, la solución al omnipresente problema de los residuos sólidos inorgánicos. Los mismos son separados desde el punto de origen (casas y edificios) en dos tipos: reciclables e inertes. Los reciclables (plástico, cartón, metal, vidrio, etc.) son clasificados en centros de acopio y revendidos a la industria, trabajo que realizan los ex buzos (ahora recolectores organizados en cooperativas) y los inertes (aprox. 15% del total) son llevados a aterros sanitarios controlados. En conclusión, la solución al dilema es contratar una empresa consultora que diseñe “ad hoc” y acompañe a la Alcaldía en la implementación de un Programa Municipal de Desarrollo Sostenible. En el país hay empresas capaces de hacerlo (ver: sine-dubium.principalwebsite.com).

- Publicidad -

Deja un comentario