REPÚBLICA DOMINICANA.- Organizaciones y representantes de la provincia Peravia depositaron una acción de amparo en el Tribunal Superior Administrativo solicitando la inmediata suspensión de las operaciones de las dos plantas de carbón de Punta Catalina hasta que dejen de ser un peligro público que vulnera gravemente los derechos a la salud y a un medio ambiente sano de la población de esta provincia, especialmente de las comunidades vecinas de la central termoeléctrica.
El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, representantes de comunidades y sectores como personas directamente afectadas por los daños causados por la construcción y la contaminación letal de Punta Catalina, fundamentaron el amparo en que la población de la provincia de Peravia no puede ser una excepción de los derechos a la salud y a un medio ambiente sano que garantiza la Constitución de la República a favor de todos los dominicanos.
Manifestaron que las autoridades del nuevo Gobierno han reconocido públicamente los graves daños que están causando las plantas de carbón de Punta Catalina y los medios de comunicación han reseñado y mostrado las inmensas montañas de cenizas tóxicas que no cesan de crecer, los estragos producidos en el litoral y en la vida marina, y el humo de la chimenea que evidencia las emisiones de gases ácidos y de micropartículas arrojadas al aire.
Los accionantes citan en el amparo las declaraciones ofrecidas por el actual administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, ingeniero Serafín Canario de La Rosa, especialmente en la rueda de prensa celebrada el 28 de septiembre pasado, del ministro de Energía y Minas, ingeniero Antonio Almonte y del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, en el sentido de que esta central adolece de fallos estructurales, está generando una enorme cantidad de cenizas tóxicas y contaminación aérea que están produciendo daños en la salud de la población y en el medio ambiente.
Destacaron que el ingeniero Canario de La Rosa afirmó en la rueda de prensa que efectuó, que desde octubre del año pasado la unidad número 1 de Punta Catalina está operando sin que funcione el sistema de seguridad de control del aire, ”lo que quiere decir que todo el veneno de las calderas están saliendo al aire que respiramos por la chimenea de esta central”.
Los impetrantes basan que Punta Catalina es un peligro público principalmente en las grandes cantidades de cenizas que vierte a la intemperie, en los gases ácidos y micropartículas emitidos por encima de las normas internacionales, en el agua hirviente que devuelve al mar y la destrucción de los corales y la desaparición de la playa de Paya provocada por la construcción del espigón del puerto carbonero de esta central.
Afirmaron que la contaminación y la construcción del puerto de Punta Catalina, además de causar daños en la fauna y flora marinocostera de este litoral del país, producen enfermedades respiratorias, cáncer de los pulmones y de otros órganos, daños en la capacidad cognitiva de la infancia, abortos, afecta al ADN, infartos cardio y cerebrovasculares, disminución de la cantidad de espermatozoides en la esperma produciendo esterilidad masculina, y según un estudio científico recientemente publicado en Londres, Parkinson y Alzaheimer.
Aclararon que estas enfermedades son catastróficas y provocarán una cantidad significativa de muertes prematuras en la población más cercana a las plantas de carbón, especialmente en la infancia y en envejecientes.
“Los honorables magistrados podrán notar que en la narración de los hechos con las denuncias de los pecadores, agricultores y empresarios turísticos, comprobados y ratificados por los funcionarios del más alto nivel como Serafín Canario de La Rosa, administrador General de Punta Catalina, de Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, y de Lisandro Macurrulla, ministro de la Presidencia, con el amparo constitucional del disfrute de un medio ambiente sano y el derecho a la salud de los accionantes, está más que fundamentada esta acción de amparo y debe tomarse una decisión urgente para evitar que continúe la catástrofe sanitaria”, dice el texto del amparo.
Insistieron que “no se trata meramente de un asunto de disponibilidad financiera o de cualquier índole, es ante todo un asunto de derecho, de vida o muerte, de salud o enfermedad, y por tanto, es prioritario acabar con el peligro público que representa Punta Catalina y su contaminación”.
Expresaron su esperanza de que el Tribunal proteja los derechos constitucionales de la población de la provincia Peravia ante la admisión pública de parte de las autoridades de los daños causados por Punta Catalina, y ante las evidencias materiales incontestables de la existencia de la contaminación letal, sin que antepongan ningún otro interés de orden privado o público.
Entre los firmantes del amparo figuran Virtudes Martínez Rodríguez, Manuel Guerrero, Ingrid Paulino, José Francisco Díaz Sánchez, Kelvin Francisco Nova Vásquez, Diego Antonio Perdomo, Roberto Antonio Torres Segarra, Juan Antonio Herrara Rodríguez, María Yanette Germán Pérez, Domingo Acevedo, Rubén Toribio Rosario Rosario, David Montes De Oca, Jacquelin Herrera, José René Olivo Salazar, Mirian Cabrera, Milton Martínez, Enrique de León, además de INSAPROMA y el CNLCC.
Los abogados de los accionantes son Euren Cuevas Medina, Ernesto Mateo Cuevas, Baudilio Piña Taveras y Orlando Herrera Peguero.
