SANTO DOMINGO.- Independientemente a las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos y los postulados religiosos sobre el legado de la tierra por Dios al hombre, toda ocupación de un espacio físico terrenal debe estar regulado de conformidad con lo establecido por la jurisdicción inmobiliaria del país que se trate, por lo tanto, el ser pobre de solemnidad o religioso, no da cabida a la realización de hechos que constituyan un ilícito penal. 
Así responde César Heredia, presidente de La Unión Nacional Azucarera (Unazucar), las denuncias que ante la 39ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, realizada el 24 de septiembre de 2018, hicieran los señores Fray Damián Calvo Martín, representante de Dominicos por la Justicia y la Paz, y Carlos López, representante de la Comisión Internacional de Juristas, quienes acompañados de la señora María Magdalena Álvarez Gálvez, acusaron al Central Romana del desalojo forzoso al que ella y otros ciudadanos fueron sometidos en enero de 2016, según sus declaraciones. 
Las denuncias que alertan las destrucciones masivas de viviendas, la rampante explotación laboral y los impactos adversos de la producción de azúcar a las condiciones de vida y el medio ambiente, enarboladas por los denunciantes, fueron calificadas de calumniosas por la Unazucar, pues en opinión del presidente de esa organización, la actividad industrial desarrolladas por las diferentes empresas azucareras en el país, se hace de conformidad a las mejores prácticas industriales y apego a las leyes que rigen el ejercicio empresarial en la nación dominicana. 
Señala César Heredia, que la industria nacional azucarera en cada uno de sus ingenios es compromisaria en materia de responsabilidad social y sostenibilidad medioambiental bajo estándares internacionales de calidad al amparo de certificaciones ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001:2007, sobre Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para los procesos involucrados en las áreas de cultivo y cosecha de caña de azúcar, por los que las denuncias de los citados señores carece de todo rigor técnico. 
Indica el vocero de la Unazucar, que entidades de prestigio internacional como Bonsucro y la fundación Pro Terra, han certificado la actividad industrial de los ingenios en materia de producción de azúcar y otros derivados de la caña. Asegurando asimismo, que la gestión laboral ha sido reconocida por organizaciones de Naciones Unidas, la OIT y la Unicef, quienes han certificado la ausencia de trabajo forzoso y de trabajo infantil, así como la existencia de libre derecho de sindicalización de sus empleados y de negociación colectiva, existiendo en las empresas azucareras una absoluta paz laboral, por lo que las acusaciones señaladas tampoco tienen asidero jurídico alguno.
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